La nueva estructura de las clases sociales en Bolivia

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Que en 10 años el 20% de la población boliviana haya pasado de la extrema pobreza a la clase media es un hecho de justicia y un récord de ascenso social, pero también de desclasamiento y reenclasamiento social, que modifica toda la arquitectura de las clases sociales en Bolivia. Si a ello sumamos que en la misma década de oro la diferencia entre los más ricos y los más pobres se redujo de 128 a 39 veces; que la blanquitud social ha dejado de ser un “plus”, un capital de ascenso social y que hoy más bien la indianitud se está consagrando como el nuevo capital étnico que habilita el acceso a la administración pública y al reconocimiento, nos referimos a que la composición boliviana de clases sociales se ha reconfigurado y, con ello, las sensibilidades colectivas, o lo que Antonio Gramsci llama el sentido común, el modo de organizar y recepcionar el mundo, es distinto al que prevalecía a inicios del siglo XXI.

Las clases sociales populares de hoy no son las mismas que aquellas que llevaron adelante la insurrección de 2003. Los regantes controlan sus sistemas de agua; los mineros y fabriles han multiplicado su salario por cinco; los alteños, que pelearon por el gas, ahora tienen, en un 80%, gas a domicilio; las comunidades campesinas e indígenas tienen seis veces más cantidad de tierra que todo el sector empresarial; y los aymaras y quechas, marginados por su identidad indígena en el pasado, son los que ahora conducen la indianización del Estado boliviano. Hay, por tanto, un poder económico y político democratizado en la base popular, que modifica los métodos de lucha sociales para ser atendido por el Estado. Paralelamente, la urbanización se ha incrementado pero, ante todo, los servicios urbanos de educación, salud, comunicación y transporte se han expandido en las áreas rurales ampliando los procesos de individuación de las nuevas generaciones, diversificando las fuentes de información y de construcción de opinión pública regionalizada más allá del sindicato o la asamblea. Si a ello añadimos el hecho de que pasada la etapa del ascenso social insurreccional (2003-2009), inevitablemente viene un reflujo social, un repliegue corporativo que debilita a las organizaciones sociales y a su producción de un horizonte universal, entonces es normal un periodo de despolitización social, que disminuye la centralidad sindical como núcleo privilegiado de construcción de la opinión pública popular, para ampliarla a una pluralidad de fuentes como los medios de comunicación, la gestión estatal, las redes sociales, etc.

La comunidad nacional en lucha contra las privatizaciones, la comunidad nacional despojada de sus recursos y que reclama su reconquista, o la comunidad dolorosa de las víctimas de la matanza de octubre de 2003, que fueron la base del ascenso revolucionario entre 2000 y 2006, han dado lugar a otro tipo de comunidades reivindicativas más dispersas regionalmente, más afincadas en la gestión de proyectos de desarrollo o de expectativas educativas de carácter individual. Se trata de comunidades de tipo virtual o mediáticas que no solo modifican los métodos de lucha sino también los contenidos mismos de lucha, las percepciones sobre lo deseado, lo necesario y lo común.

En conjunto, la estructura de las clases sociales se ha modificado. La democratización en el acceso al capital económico, clave del modelo de desarrollo boliviano, ha permitido un rápido ascenso social de sectores pobres y una reducción de las distancias económicas con los sectores más ricos de la sociedad; la acelerada devaluación de la blanquitud como capital étnico de consagración social, sumada a la conversión de la filiación sindical en un tipo de capital social y capital político revalorizado por el Estado para acceder a derechos, puestos y reconocimientos públicos, han modificado la composición material de cada clase social y la relación entre las clases sociales. El normal y previsible reflujo social después del largo ciclo de rebeliones (2000-2009), ha acentuado estrategias individuales de reenclasamiento social, pero también una especie de “desencantamiento” temporal de la acción colectiva, creando nuevos marcos de percepción cultural y disponibilidad política atenuadas. Y si, además, tomamos en cuenta que una parte importante de los cuadros sindicales van pasando a la administración pública (alcaldías, ministerios, asambleas legislativas, etc.), tenemos un escenario de debilitamiento interno y temporal de los niveles de dirección de las organizaciones sociales, que anteriormente habían concentrado la función política de la sociedad.

Estamos, por tanto, no solo ante una nueva estructura de clases, sino también ante nuevos marcos culturales de movilización y de percepción del mundo. Por todo ello, la convocatoria del sindicato o de la comunidad convertida en capital electoral en 2005 o en 2009, que irradió a sectores de la sociedad civil individuada, hoy no son suficientes para producir el mismo efecto electoral. Sin duda, el mundo sindical obrero, campesino-indígena y vecinal pobre continúa siendo el bastión más sólido y leal del proceso de cambio —y esto se ha verificado nuevamente en la última elección con gestos tan extraordinarios como la donación de una mita por parte del proletariado minero de Huanuni para la campaña—, pero ya no tiene el mismo efecto irradiador de antes. Han surgido otras colectividades sociales entre las clases populares y en las diversas clases medias de origen popular, más volátiles, por residencia, por estudio o por comunidad virtual, que se mueven por otros referentes e intereses, muchas veces de carácter individual. Como gobierno revolucionario habíamos ayudado a cambiar al mundo; sin embargo, en la acción electoral, en una parte de nuestras acciones, seguíamos aún actuando como si el mundo no hubiera cambiado. Acudimos a medios de movilización y de información insuficientes para la nueva estructura social de clases y, en algunas ocasiones, empleamos marcos interpretativos del mundo que ya no correspondían al actual momento social.

9 marzo 2016

Álvaro García Linera

 

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